Malversaron funcionarios de Ulises 329 mdp

NOTA MILENIO DIARIO DEL JUEVES 10/07/08

Malversaron funcionarios de Ulises 329 mdp
La PGR investiga a funcionarios y ex funcionarios por malversar recursos federales destinados a prevenir el sida, combatir enfermedades infantiles y acondicionar hospitales.

Oaxaca.- La Secretaría de la Función Pública denunció penalmente ante la PGR la existencia de una red de corrupción en Oaxaca, la cual desvió a cuentas bancarias no autorizadas recursos federales destinados originalmente al acondicionamiento de hospitales, la prevención y control del sida, y programas de atención médica infantil.
Luego de emprender en enero de 2007 15 auditorías, la dependencia federal encontró irregularidades en el manejo de programas federales en materia de salud aplicados por el gobierno de Ulises Ruiz.
Ante el hallazgo de los desvíos —ascendentes a cerca de 329 millones de pesos—, la Unidad de Asuntos Jurídicos de la dependencia presentó dos denuncias penales en la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGR, por irregularidades en el ejercicio y la comprobación de los recursos, revela un informe oficial.
Oaxaca, donde aún existe la enfermedad de la malaria, es uno de los estados más rezagados en materia de salud a escala nacional. De acuerdo con estudios hechos por instancias federales e instituciones académicas, sus indicadores sobre el tema son similares a algunos países de África.
El 27 de mayo de este año, MILENIO solicitó a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (folio 0002700093808), los resultados de todas las auditorías practicadas por la Función Pública a los recursos federales utilizados por el gobierno oaxaqueño.
Un mes después, la dependencia respondió que “la Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social señala que durante 2007 se realizaron auditorías a un total de 15 programas federales ejecutados en Oaxaca durante 2006 y 2007, y se emitieron observaciones a diversas dependencias estatales. Como resultado de éstas, se instó a las autoridades competentes para el ejercicio de las acciones procedentes”.
En las otras 14 revisiones especiales a diversas áreas de la administración estatal del PRI, la Función Pública detectó más anomalías, las cuales, en caso de no ser aclaradas, podrían ser procesadas penalmente también. La red de posibles involucrados va desde el ex secretario de Salud estatal, Juan Ramón Díaz Pimentel, al actual, Martín Vásquez Villanueva, así como el subsecretario de Egresos, Joaquín Neyra Skidmore, y la directora de Egresos y Control Presupuestal, Mauricia Lina Luis Ruiz.
Otros de los nombres mencionados en la indagación judicial son los de Arturo Pérez Estrada, director de Desarrollo de la Secretaría de Salud; Miguel Ángel Martínez Santiago, secretario técnico de la dependencia, y Marco Vinicio Palacios Ortiz, secretario particular del secretario Salud.
Ante el avance del proceso legal, algunos de los ex funcionarios involucrados en la red de corrupción han promovido juicios de garantías contra una posible orden de arraigo; sin embargo, sus solicitudes han sido sobreseídas por los tribunales, ante la inexistencia de los actos reclamados. Uno de ellos es Martínez Santiago y el otro es Díaz Pimentel, secretario de Salud al inicio del gobierno de Ruiz. Este último coqueteó con el PRD la posibilidad de ser candidato a la alcaldía de Oaxaca en las elecciones de 2007.
La Agencia del Ministerio Público de la unidad especial que investiga a servidores públicos recibió de la Secretaría de la Función Pública “copias certificadas de la documentación soporte de las imputaciones”, y ha participado en el desahogo de testimoniales, y declaraciones de presuntos responsables, elaborando propuestas de interrogatorios, así como un dictamen contable “que precisa y cuantifica el monto de cada una de las operaciones indebidamente llevadas a cabo”, así como también documentos de apoyo en los que se analiza la conducta de cada uno de los 20 funcionarios involucrados.
Una de las dos anomalías detectadas corresponde a un Convenio de Coordinación y Reasignación de recursos firmado el 21 de septiembre de 2005 por la Secretaría de Salud federal y el gobierno de Oaxaca. El monto de dicho convenio ascendía a 254.1 millones de pesos, los cuales serían destinados para poner a funcionar el Hospital Regional de Alta Especialidad, ubicado en el municipio conurbado de San Bartolo Coyotepec.
Los auditores federales detectaron que servidores públicos oaxaqueños efectuaron transferencias interbancarias, con la finalidad de financiar otros programas estatales, ajenos a los objetivos del convenio; contrataron obra pública no estipulada y adquirieron instrumental médico “que no ofrecía las mejores condiciones de precio y calidad, toda vez que se advirtió que los instrumentos de compra no se apegaron a lo dispuesto por la ley”.
La otra anomalía gira en torno a un Convenio de Coordinación y Transferencia de recursos que celebraron los gobiernos federal y estatal en 2006, mediante el cual se entregaría dinero para gastos de operación del Hospital de la Niñez Oaxaqueña y la construcción del Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida.
De acuerdo con las auditorías entregadas por la Función Pública a la PGR, los servidores públicos aplicaron discrecionalmente los recursos públicos federales para financiar programas diversos a los autorizados en el convenio, ejecutaron obras diferentes a las establecidas, realizaron pagos irregulares y transfirieron recursos a cuentas bancarias distintas a las autorizadas.
En Oaxaca, la mayoría de la población de escasos recursos económicos no tiene acceso a los sistemas de seguridad social y está obligada a utilizar los servicios de los centros de asistencia social en los que por lo general escasean materiales y medicamentos, y el personal no siempre brinda una adecuada atención; es así que los pacientes se ven obligados a pagar estudios especiales y hospitalización cuando así se requiere, analiza Clínica del Pueblo, una asociación civil oaxaqueña enfocada al derecho a la salud.
“Por políticas gubernamentales hay una fuerte tendencia a privatizar los servicios médicos, cuestión que pone en alto riesgo a la población marginada; aunado a esto está la superespecialización que fracciona al ente humano, sin tomar en cuenta la integralidad de su ser y por ende la de su atención”, concluye la asociación civil.